domingo, 10 de octubre de 2010

Murió en España la jurisdicción universal y el juicio a jefes de Estado de EEUU e Inglaterra por crímenes contra la humanidad

Black Agenda Reprot/The Brussels Tribun




En octubre de 2009, el gobierno de España cerró una de las últimas ventanas para esclarecer responsabilidades en los más terribles crímenes cometidos por las naciones más poderosas de la tierra. Bajo una gran presión de EEUU, España decidió limitar su propia jurisdicción en casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque el derecho internacional establece que tales crímenes están bajo jurisdicción universal, en cualquier nación, sean o no víctimas sus ciudadanos. La lógica es que estos crímenes contra la humanidad son ofensas contra cada miembro de la especie humana, un crimen contra todos.

España fue competente para encausar por crímenes graves a violadores de derechos humanos de Guatemala, Argentina, China, Israel y otros lugares. La mayor parte de los juicios fueron contra individuos considerados intocables por el derecho político, por ejemplo Pinochet de Chile, el oficial argentino de ejército Adolfo Scilingo, el ex canciller estadounidense Henry Kissinger, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el ex primer ministro israelí Ariel Sharon y seis de sus consejeros y, recientemente, seis ex funcionarios de la administración Bush.
Las presiones contra el imperio de la justicia hispana se incrementaron cuando los magistrados españoles anunciaron investigaciones que involucraban a Israel y EEUU. En enero de 2009, el juez español de la Corte Nacional Fernando Andreu anunció que investigaría a siete altos miembros del gobierno israelí, todavía activos o ex funcionarios, por su responsabilidad en un ataque aéreo que en 2002 mató en Gaza a un alto dirigente de Hamás y a otras 14 personas. En marzo de 2009, Baltasar Garzón, el juez más destacado de España, invocó el principio de jurisdicción universal cuando intentó investigar a seis ex funcionarios de la administración Bush por otorgar una fachada “legal” a la tortura en la prisión norteamericana en Guantánamo, Cuba. Y en mayo, otro juez de la alta corte española, Santiago Pedraz, dijo que enjuiciaría a tres soldados de EEUU por crímenes contra la humanidad, como autores de las muertes, el 8 de abril de 2003, del camarógrafo español de televisión Jose Couso y del periodista ucraniano Taras Protsyuk, asesinados por tripulantes de tanques de EEUU que atacaron su hotel en Bagdad, el Palestina.
Las actividades de jueces como Garzón, Andreu y Pedraz han creado un gran dolor de cabeza diplomático al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. China advirtió a España que las relaciones bilaterales se podrían deteriorar por un caso del Tíbet y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que España arriesgaba quedar fuera del proceso de paz de Oriente Medio.
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