Elias Davidsson[1]
(publicado en la revista imprenta "mientras tanto")
Un número de personas, especialmente de la izquierda, sostiene que en realidad no importa quienes cometieron las atrocidades del 11 de septiembre de 2001 - fanáticos musulmanes reaccionarios, imperialistas de los EE.UU. , o quien sea. Según este punto de vista, insistir en la identificación de los culpables no mejora los intereses de la clase obrera o de los pueblos oprimidos del mundo sino que constituye una distracción burguesa. Lo importante, dicen algunos, son las consecuencias del 11-S, como las guerras de agresión contra Afganistán e Irak, el establecimiento de cárceles secretas, las políticas de detención prolongada de sospechosos sin el debido proceso y el acceso a abogados, las políticas de la tortura, el aumento de los poderes de la policía típicos de los estados de excepción, etc. Otro argumento en contra de centrarse en los acontecimientos del 11-S es el hecho de que, en términos de daño humano, estos acontecimientos son mínimos en comparación con las muertes diarias de alrededor de 30.000 niños por causas evitables (el equivalente a 10 onces de septiembre, cada día), o la muerte de 4-5 millones de personas en la guerra civil del Congo en los últimos años. El último argumento, sin duda, tiene mérito. Dar prioridad a los problemas de acuerdo a su medida en términos de sufrimiento humano es, sin duda, un planteamiento legítimo, pero no es necesariamente el más eficaz.
Para ser justos, no ha habido ningún debate real de si importa o no quien cometió las atrocidades del 11-S. La mayoría de los izquierdistas oficiales dan estos hechos por supuestos y no muestran ningún interés en examinar el asunto desde la perspectiva moral, jurídica o política.
En el siguiente artículo, voy a intentar mostrar que hay una serie de apremiantes razones por las cuales determinar la verdad sobre los acontecimientos del 11-S es de máxima importancia para todas las personas que se preocupan por la paz mundial, la justicia, el gobierno de la ley y la democracia. En mi opinión, la búsqueda de la verdad sobre los acontecimientos del 11-S puede ser la más poderosa, y posiblemente única, estrategia revolucionaria de la que se dispone en la actualidad para oponerse al imperialismo, al militarismo y la agenda neoliberal.
En primer lugar, voy a desechar la afirmación de que luchar por la plena verdad del 11-S es una desviación de las más importantes cuestiones políticas. No hay que olvidar que la mayoría de los escépticos del 11-S también se oponen a la guerra de EE.UU. contra Irak y Afganistán y a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de los EE.UU. en contra de sus ciudadanos y extranjeros en nombre de la "guerra contra el terror". La cuestión no es, por tanto, la de priorizar o no los asuntos. La cuestión de las prioridades sólo puede venir una vez que se hayan establecido claramente los hechos. Y los gobiernos no están dispuestos a revelar la verdad de los hechos. Con este artículo, trato de demostrar la fuerza del 9/11-truth (movimiento por la verdad del 11-S) como un instrumento democrático revolucionario.
El primer motivo por el que el 11-S es importante es más bien mundano y puede parecer trivial para algunas personas. La razón es que las víctimas de un acto criminal - y esto incluye a los familiares de los muertos - tienen derecho a saber la verdad, a saber, el qué, cómo, cuándo, quién y dónde del crimen. Este derecho es a la vez moral y legal. Mientras que en EE.UU. la legislación nacional no reconoce un derecho a la verdad a las víctimas de un delito, los órganos judiciales internacionales y regionales de derechos humanos infieren el derecho a la verdad de varios derechos fundamentales. Los estados, por su parte, han reconocido el derecho a la verdad mediante la creación de Comisiones. El derecho a la verdad también es considerado como uno de los remedios debidos a las víctimas de delitos. Negar a los familiares de las víctimas el derecho a saber cómo, cuándo y dónde sus seres queridos murieron y quién es el responsable de sus muertes, es cruel. En muchos casos, la determinación de los hechos de un delito es clave para que los familiares de las víctimas puedan obtener una indemnización. Con el fin de eludir la obligación de proporcionar la verdad, el gobierno de los EE.UU. ofrece a los familiares de las víctimas del 11-S un trato: se les proporcionará una importante compensación económica - un promedio de 1,8 millones de dólares por víctima - si aceptan no demandar a nadie, esto es, no forzar el descubrimiento de pruebas en los tribunales. Afirmar que es "irrelevante" quién cometió el asesinato en masa sería considerado, con razón, cínico por las partes interesadas.
La segunda razón es simplemente que los autores de cualquier delito deberían ser identificados, procesados y castigados. El cumplimiento de la ley sirve para proteger a la sociedad del daño, previene de nuevos delitos y castiga y trata de rehabilitar al delincuente. Esta es una de las obligaciones de los estados para con sus ciudadanos. Debido a la abultada y premeditada naturaleza de este asesinato en masa, los acontecimientos del 11-S deberían ser considerados como un crimen contra la humanidad. La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en su resolución 3074 (XXVIII) de 3 de diciembre de 1973 los principios de la cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según el principio 1, "los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera que se cometan, estarán sujetos a investigación y las personas contra quienes hubiera pruebas de que hayan cometido tales crímenes serán objeto de localización, detención, juicio y, en caso de encontrarlos culpables, castigados". De acuerdo con el Principio 8, "Los estados no adoptarán medidas legislativas o de otro tipo que puedan causar perjuicio a las obligaciones internacionales que han contraído en lo que respecta a la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad." Aunque este decreto de la Asamblea General no es vinculante para los estados, contribuye - porque no es rebatido por cualquier estado miembro - a la cristalización de una norma convencional internacional, que se convierte en vinculante para los estados, incluso sin ningún tipo de tratado. Este decreto, por cierto, fue aprobado sin oposición. El establecimiento de la Corte Penal Internacional es un paso adicional para garantizar que las personas que cometen crímenes internacionales sean llevadas ante la justicia, aun cuando los estados no quieran o no puedan hacerlo. El 12 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1368 (2001) pidió a todos los estados miembros " que trabajaran juntos con urgencia para llevar ante la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos actos terroristas [del 11 de septiembre de 2001] y subraya que los responsables de prestar asistencia, apoyo o protección a los autores, organizadores y patrocinadores de estos actos tendrían que rendir cuentas; que cooperaran para asegurar el enjuiciamiento de quienes cometieron este crimen". Como los autores, organizadores y patrocinadores de los atentados no han sido llevados ante la justicia, la resolución del Consejo de Seguridad no se ha cumplido. El gobierno de Estados Unidos ha fallado al "investigar" los crímenes. Exactamente cuatro semanas después del 11-S, el ex-Fiscal General de EE.UU., John Ashcroft, y el ex director del FBI, Robert S. Mueller, ordenaron expresamente al personal del FBI que dejaran a un lado la investigación de este asesinato en masa en caso de que surgiera cualquier sospecha de nuevas amenazas terroristas. Por lo tanto, no es de extrañar que el FBI no dé a conocer los resultados de su investigación y que nadie haya sido acusado, y mucho menos procesado, por la planificación o la participación en este asesinato en masa. Los que afirman que "no importa" quién cometió el 11-S, apoyan implícitamente el principio de la impunidad de un crimen contra la humanidad y muestran su despreocupación por las normas jurídicas internacionales.
La tercera razón está relacionada con nuestra seguridad individual y colectiva. Nadie ha sido procesado por la planificación, organización y / o la participación de los atentados, porque de hecho ninguno ha sido procesado o vinculado con el crimen. Esto puede sorprender a algunos lectores. Sin embargo, no hay pruebas verificables de que las 19 personas mencionadas por el FBI como secuestradores del 11-S, subieran en realidad a los aviones que se estrellaron ese día. Sus nombres no aparecen en las listas de pasajeros, ninguna persona ha testificado haberlos visto embarcar en los aviones, y sus restos corporales no han sido identificados. Por lo que sabemos, la afirmación de que fanáticos musulmanes secuestraron cuatro aviones aquel día sigue siendo una acusación sin fundamento, y no un hecho. En cuanto a sus planificadores, los EE.UU. mantienen detenida a una persona con el nombre de Khaled Sheik Mohammed, al que los dirigentes de dicho país han declarado como el cerebro de los actos terroristas. Al parecer en marzo de 2007 confesó haber planeado el asesinato en masa del 11-S y otros 30 delitos de terrorismo en todo el mundo. Sin embargo, la persona que hizo esta confesión no ha sido vista por algún observador externo, juez, periodista o trabajador por los derechos humanos, desde su presunta detención. La identidad de esa persona sigue envuelta en el misterio. No es seguro que la persona que hizo esta supuesta confesión sea del todo Khaled Sheik Mohammed, o cualquier otra persona, para el caso. Aparte de la incapacidad para identificar a esa persona, no se sabe en qué condiciones ésta hizo la confesión, si esa persona fue torturada o si ciertas promesas le fueron hechas con el fin de garantizar su "confesión". Serias dudas sobre la autenticidad de ésta, sobre todo por qué el presunto convicto confesó delitos que no pudo haber previsto (porque él ya estaba en la cárcel por aquel entonces). E incluso si el verdadero Khaled Sheik Mohammed hizo esa confesión, su confesión no probaría que las 19 personas acusadas de haber cometido el asesinato en masa, lo hicieran en realidad, a menos que él, u otras personas, pudieran demostrar que en realidad estos 19 musulmanes embarcaron en el avión, fueran capaces de ejecutarlo y lo ejecutaran. La conclusión es que no sabemos realmente quienes planearon y cometieron el asesinato en masa del 11-S. En realidad existen muchas más evidencias concluyentes que sugieren que fue el gobierno de los EE.UU., y no una banda de musulmanes, quién planificó y perpetró dicho asesinato en masa. Como no han sido presentadas pruebas concluyentes en cuanto a la identidad de los planificadores y autores, se deduce que pueden estar todavía en libertad y que pueden realizar nuevas atrocidades. Este peligro es especialmente grave si el delito del 11-S se ha llevado a cabo a instancias del gobierno de los EE.UU. Es tanto lo que está en juego aquí, que los que se niegan a investigar quien cometió el 11-S, aparecen como imprudentes e irresponsables hacia sí mismos, sus familias y sus sociedades.
La cuarta razón es que los acontecimientos del 11-S se han utilizado para justificar guerras de agresión. Han permitido a los Estados Unidos y a la OTAN legitimar las guerras de agresión y la ocupación militar de estados soberanos. La agresión contra Afganistán estaba justificada por su relación directa con el 11-S. El 2 de octubre de 2001, el representante de los EE.UU. hizo una exposición en el Consejo de la OTAN en la que presentó "pruebas" de vínculos entre Osama Bin Laden y los acontecimientos del 11-S. Sobre esa base el Consejo, en representación de todos los estados de la OTAN, apeló por primera vez al artículo 5 de la Carta del Atlántico, en la que la OTAN equipara el "ataque contra los Estados Unidos" con un ataque a todos los miembros de la OTAN. En virtud del concepto de seguridad colectiva, la OTAN hizo suya la agresión de EE.UU. contra Afganistán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue embaucado ya el 12 de septiembre de 2001 para declarar los acontecimientos del día anterior como terrorismo "internacional". Sin embargo, el Consejo no dispuso ni siquiera de una pizca de evidencia de que el asesinato en masa se gestara fuera de los Estados Unidos, por no hablar de Afganistán. No se sabe si algunos miembros del Consejo de Seguridad tenían conocimiento previo de los hechos, si fueron sobornados para designar a los acontecimientos con ese lenguaje o, simplemente, que participaran en su descuidada redacción. Se hizo obvio poco tiempo más tarde, sin embargo, que el Consejo de Seguridad adoptó alegremente la versión oficial de la administración de los EE.UU.: El Consejo ha declarado al terrorismo como uno de las "mayores amenazas para la paz y la seguridad", sin ni siquiera molestarse en substanciar esta determinación basada en hechos. La OTAN y la Unión Europea han situado por igual la lucha contra el terrorismo internacional en la cima de sus prioridades en cuestiones de seguridad, como si el terrorismo fuera una amenaza real para cualquier país, ni que decir para la "paz y la seguridad internacionales". Esta campaña se basa en el mantenimiento del temor hacia el terrorismo. Si se puede demostrar que los acontecimientos del 11-S no fueron un acto de terrorismo internacional, sino una "operación de falsa bandera" por el gobierno de los EE.UU., es más fácil no sólo calificar la política exterior de los Estados Unidos como ilegal, sino para exponer la naturaleza engañosa de la ideología antiterrorista promovida por el Consejo de Seguridad, la OTAN y la Unión Europea. Hay que recordar que "las operaciones de bandera falsa", (los actos terroristas organizados por los servicios secretos y que se atribuyen a los enemigos), han sido cometidos tanto por los EE.UU. como por la OTAN en las últimas décadas[1]. Cuando los ciudadanos se den cuenta de la utilización de operaciones de "falsa bandera" por parte de los gobiernos, estos métodos serán más difíciles de utilizar. Desenmascarar el 11-S como una operación de "falsa bandera" facilitaría ese conocimiento.
La quinta razón es que los acontecimientos del 11-S fueron seguidos por la más exitosa operación de propaganda en la historia contemporánea. No existe precedente de ese adoctrinamiento en condiciones de paz, libre circulación de la información y acceso a Internet. Historiadores e intelectuales de los medios de comunicación todavía no se han enfrentado con este fenómeno. El éxito de esta operación se puede medir por el hecho de que prácticamente a todas las naciones, incluyendo a las élites intelectuales de éstas y sus clases políticas, se les hizo creer que el asesinato en masa del 11-S fue planeado por Osama Bin Laden y llevado a cabo por 19 musulmanes fanáticos. Un análisis de esta propaganda masiva revela fácilmente las técnicas utilizadas para crear este mito. Entre estas técnicas había historias difundidas por el FBI, como la de que un Corán y un manual de instrucciones de vuelo se encontraban en un automóvil abandonado por los secuestradores en el aeropuerto de Boston, que un testamento en árabe fue encontrado en una maleta que "no llegó al vuelo", que un pasaporte intacto de uno de los "secuestradores" se encontró entre los escombros del World Trade Center minutos después del impacto del avión, y otras historias que impresionan a los ciudadanos de a pie y les inducen a creer que los autores fueron fanáticos musulmanes. Se nos hizo creer que los "terroristas", a los que nadie vio subir al avión, intencionadamente dejaron un rastro de pruebas fáciles de encontrar para el FBI. Al mismo tiempo, los medios de comunicación conscientemente se negaron a difundir información relativa al 11-S que podría haber socavado la versión oficial, tales como los testimonios de más de 100 bomberos, periodistas y otros trabajadores que reportaron haber visto, escuchado o padecido varias explosiones en el World Trade Center antes del colapso de las torres (lo que sugiere que explosivos previamente colocados las demolieron) o testimonios de los residentes en un pueblo de Pensilvania que no vieron ninguna evidencia de un accidente aéreo en el supuesto lugar en el que éste supuestamente ocurrió. Últimamente, millones de estadounidenses están empezando a poner en duda la versión oficial (sólo el 16% del público considera que el Gobierno de los EE.UU. dice la verdad sobre el 11-S), los medios de comunicación iniciaron una campaña para denigrar y ridiculizar a través de ataques "ad hominem" (ataques personales por medio de la ridiculización de los argumentos), a quienes expresan dudas acerca de la versión oficial. Esta campaña refleja los desesperados esfuerzos por contener la proliferación de los hechos a través de Internet, lo que apunta a la complicidad oficial en el crimen. Exigir toda la verdad sobre los acontecimientos del 11-S hace más fácil exponer el papel que desempeñan los medios de comunicación en el mundo de hoy, como compañeros serviciales de la élite gobernante. Exigir la verdad sobre los ataques puede servir como un poderoso antídoto contra la manipulación de los medios de comunicación.
La sexta razón es que la versión oficial ha sido una de las principales justificaciones para las restricciones de los derechos humanos y el aumento de los poderes de la policía hasta rayar los métodos de un estado policial. Algunos afirman que oponerse a estas medidas no es necesario para saber quien realmente cometió el asesinato en masa. Por otra parte, si se acepta la versión oficial y la ideología del aumento del terrorismo fundamentalista islámico, uno debe aceptar al menos alguna justificación de estas medidas. Sin embargo, si se puede demostrar que la versión oficial y el terrorismo islámico son fraudulentos, se hace mucho más fácil exponer no sólo las violaciones de los derechos humanos y derechos constitucionales como violaciones injustificadas, sino exigir la anulación total de estas medidas.
La séptima razón es que los acontecimientos del 11-S han ayudado a los gobiernos a aumentar su nivel de secretismo y reducir así su obligación de rendir cuentas. Esta tendencia no es nueva pero reduce aún más los actuales vestigios de la democracia. Exigiendo toda la verdad sobre los atentados, el fracaso de la democracia puede ser más evidente. La búsqueda de la verdad sobre los ataques terroristas puede conducir a la búsqueda de responsabilidades en relación a otras cuestiones y puede ayudar a recuperar los derechos democráticos. Los que apoyan la democracia, es decir, la norma del pueblo y para el pueblo, encontrarán que exigir la verdad sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 ayudaría a revertir la pérdida de algunos de los valores de la democracia.
