Una revolución silenciada

Una revolución silenciada
Los islandeses se han rebelado contra su gobierno, exigiendo que no se pague la deuda de los bancos.

17/02/2011 JUAN MANUEL Aragüés

La información ha sido siempre un arma de poder. Controlar la información es controlar lo que la gente conoce y, por lo tanto, condicionar su visión de la realidad y, con ella, sus acciones. En nuestras sociedades mediáticas, la información se ha convertido en el centro de la batalla política, pues el acceso de los ciudadanos al mundo, a la realidad, se realiza a través de los medios de comunicación. Su potencia se ha podido comprobar estos días con los sucesos del Magreb, donde las movilizaciones se han extendido como la pólvora gracias a la televisión e internet.

Lo que no aparece en los medios, no sucede. Esa es la máxima que se ha debido de aplicar con el extrañísimo caso de Islandia. Sí, Islandia. Islandia debería ser noticia, portada de informativos. ¿Por qué? Pues porque en Islandia, la población ha tomado las calles, cacerola en mano, para mostrar su radical oposición a su gobierno. Y la movilización ciudadana no solo ha provocado dos crisis de gobierno, sino que ha forzado un proceso constituyente, la redacción de una nueva Constitución que evite que se repitan situaciones como las que se han producido a lo largo de esta crisis global. ¿Y qué situaciones son esas?

Los tres bancos principales de Islandia se lanzaron, al abrigo del neoliberalismo rampante, a una política de compra de activos y productos fuera de sus fronteras. Como ha ocurrido con numerosas entidades bancarias, esos productos resultaron ser basura, de esa que a Rodrigo Rato le parecía una estupenda apuesta financiera cuando era director del FMI, lo que llevó a las citadas entidades a la bancarrota por sus deudas en Holanda y Gran Bretaña. El gobierno islandés procedió a nacionalizar los bancos y a asumir sus deudas. Ello supuso que cada ciudadano de Islandia se encontrara con una deuda de 12.000 euros. Como ocurre por todas partes del planeta, la mala gestión de entidades privadas debe ser enjugada por instituciones públicas y, por lo tanto, por la ciudadanía en su conjunto.

La diferencia radica en que los ciudadanos islandeses, ante el escándalo de la situación --escándalo que es asimilable al que sucede en todos los países occidentales-- se rebelaron contra su gobierno. Así, se lanzaron a la calle, exigiendo que no se pagara la deuda de otros. Unos otros que cuando tienen beneficios no se acuerdan de los ciudadanos y los estados, pero que recurren ansiosos a ellos cuando se encuentran en situaciones de apuro. El gobierno, que insistía en pagar la deuda, por la presión del FMI y de los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña, se vio forzado a convocar un referéndum, en el que el 93% de la población se negó a pagar la deuda de otros. Ello provocó una crisis política de profundas dimensiones que ha desembocado en dos crisis de gobierno y en la creación de una comisión de ciudadanos de a pie encargados de redactar una nueva Constitución. Los islandeses se han hartado de que les tomen el pelo y han decidido tomar su destino en sus propias manos.

El caso es sorprendente. Pero lo que quizá sea más sorprendente es que este proceso, que se viene desarrollando en los dos últimos años y que está en plena efervescencia, con una ofensiva del Partido Conservador para declarar ilegal el proceso constituyente (¡qué miedo tienen los conservadores de toda laya a la ciudadanía!), que este proceso, insisto, no haya merecido un solo comentario en los informativos. Cuando los volcanes de Islandia estallaron hace meses, sus cenizas cubrieron Europa y provocaron un enorme caos aéreo. Probablemente, el temor de que las cenizas del volcán político islandés provocaran efectos sociales en Europa es una explicación plausible de este silencio. El efecto contagio, lo hemos visto en el Magreb, es una de las características de la sociedad mediática.

Los islandeses nos muestran un camino diferente para salir de la crisis. Tan sencillo como decir basta y recordar que la política, y quienes la ejercen, debe estar al servicio de la ciudadanía, y no de los intereses de entidades privadas cuya voracidad, cuyo egoísmo, cuya falta de ética (véase el caso de los recientes bonus por 25 millones de euros a directivos de Cajamadrid) está en el origen de esta crisis. En Islandia se ha cursado orden de detención contra los ejecutivos de las entidades en cuestión. En Islandia, arrinconando a los partidos sistémicos, empeñados, como aquí, en someterse a los dictados de los mercados, la ciudadanía se ha convertido en protagonista. Los islandeses lo han dicho claro: que las deudas las paguen los que las generan, que la crisis la pague los que la han producido.

Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza

Gracias J.F.
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