11-M : Acoso y persecución a los investigadores de la trama del 11-M

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viernes 25 de junio de 2010

11-M : Acoso y persecución a los investigadores de la trama del 11-M

EL MUNDO / Madrid

El periodista que destapó al topo del 11-M, juzgado a puerta cerrada

La Fiscalía pide ahora 15 meses de inhabilitación y una multa de 5.400 euros para el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio

La juez de Madrid Carmen Viñanas impidió ayer el acceso de los medios de comunicación al juicio contra el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio por revelación de secretos. Su delito habría sido, según la Fiscalía, destapar la existencia de un topo de la Policía que estuvo infiltrado en la célula islamista que acabó cometiendo la matanza del 11-M, el confidente Cartagena, y que su nombre real es Abdelkader Farssaoui.
La decisión de celebrar la vista a puerta cerrada es insólita en procedimientos que afectan a las libertades de información y de expresión y provocó un escrito de protesta que firmaron todos los periodistas que cubrían la noticia. Entre ellos, los representantes de las agencias Efe y Europa Press.
La juez evitó informar a las partes, en contra de lo que le impone la ley, que además exige que, en los casos excepcionales y por causas estrictamente tasadas en que se suprima la audiencia pública, se dicte antes un auto motivado, lo que tampoco se produjo ayer. Sigue en página 10
Sólo cuando el juicio ya había comenzado, los periodistas y el resto de personas que deseaban asistir a la vista fueron informados por un oficial del Juzgado de lo Penal número 5 de que la juez sustituta Carmen Viñanas había decidido celebrarla a puerta cerrada «por razones de orden público» que no especificó.
Al final del día, la juez rechazó aclarar su decisión a los periodistas. Su único argumento fue que se juzgaba un delito de revelación de secretos, aunque no hay ninguna previsión legal que justifique que, en esos casos, pueda excepcionarse la garantía que para el acusado representa su derecho fundamental a un proceso público, recogido en el artículo 24 de la Constitución. Además, la Audiencia Nacional retiró en 2008 al confidente Cartagena su condición de testigo protegido, precisamente por usarla de manera indebida, por lo que ninguno de los datos que afectan a su identidad, a su localización o a su imagen se encuentran ya acogidos por razones de seguridad.
Según explicaron fuentes de la defensa del periodista, la Fiscalía rebajó su reclamación inicial de tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación profesional por otra más liviana de 5.400 euros de multa, pero que sigue incluyendo la pena accesoria de 15 meses de inhabilitación, durante los cuales el subdirector de EL MUNDO no podría ejercer la profesión periodística.
La acusación particular que representa a Abdelkader Farssaoui -Cartagena- sí mantuvo los tres años de cárcel. En cambio, retiró su pretensión de recibir una indemnización de 512.738 euros por «graves secuelas psíquicas», lo que indicaría que, probablemente, tenga intención de plantear por separado una acción civil.
La fiscal fundamenta su acusación, primero, en la difusión de las notas informativas elaboradas por la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía en las que se detallan todos los datos y precisiones que Cartagena fue aportando durante su infiltración en la célula islamista. Entre ellos, sus planes para atentar en España. La representante del Ministerio Público sostiene que esos documentos sólo pudieron obtenerse de los archivos policiales secretos, aunque durante el juicio pudo verse un vídeo de la vista del 11-M, en la que el controlador del confidente -el inspector Guillermo Moreno- reconoció que habían entregado esas fichas en el sumario de la operación Nova del Juzgado Central de Instrucción número 5, por lo que perderían ese carácter reservado. Además, otro inspector de la UCIE afirmó que las condiciones de seguridad en esa sede policial eran tales que «hasta la señora de la limpieza» podía haberse hecho con esos papeles.
El segundo pilar que sustenta la acusación pública es la difusión de la fotografía de Abdelkader Farssaoui. Durante el juicio, el periodista sirio Mazen Yaghi, amigo íntimo de Cartagena que sirvió de enlace entre el confidente y Antonio Rubio, admitió que él mismo le informó de que su imagen iba a publicarse, sin que el colaborador policial le hiciese ninguna objeción.
La relación de Yaghi con Cartagena es tan estrecha que hasta ha comido a solas con su mujer, sus hijos y su madre, según relató el mismo, circunstancia excepcional para los musulmanes que sólo se consiente si la amistad es cercana a la fraternidad.
Pues bien: ese periodista sirio confirmó ayer que Cartagena exigió en fechas previas a la presentación de la querella una importante suma al subdirector de EL MUNDO a cambio de la información que le había facilitado, y que llegó a chantajear a Rubio, aunque lo intentó justificar en la mala situación económica por la que estaría pasando en 2007 el colaborador policial. Él mismo, aseguró, tuvo que prestarle dinero.
Yaghi contó, asimismo, cómo Cartagena contactó con Antonio Rubio a través de él para pedirle que le ayudase a denunciar que la Policía le estaba presionando para que no contase todo lo que sabía sobre el 11-M y, fundamentalmente, que con sus informaciones pudo haberse evitado la matanza de los trenes de Madrid.
El propio confidente reconoció que había utilizado su nombre auténtico -incluso después de haber puesto la querella- para pedir asistencia en un centro médico, o en una denuncia por coacciones que puso en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006, y que también facilitó a Rubio. Por ese uso imprudente de su condición de testigo protegido, el tribunal se la retiró en 2008.
La defensa aportó, asimismo, la declaración del confidente ante Garzón por la operación Nova y el contraste entre las notas de la UCIE que contenían la información real que había dado Cartagena sobre los implicados en el 11-M y los documentos que la Policía había entregado inicialmente al juez, mucho más difusos y abstractos. Con todo ello, se puso de manifiesto la estrategia policial de declarar testigo protegido a Abdelkader Farssaoui para evitar que el juez del 11-M, Juan del Olmo, conociese su existencia.
Esa operación de ocultamiento quedó truncada cuando Cartagena contactó con Rubio y le contó lo que estaba pasando: el periodista, a la vista de las declaraciones del confidente en los juzgados, realizó un trabajo de investigación periodística para hacerse con las notas informativas y descubrió al topo del 11-M.